FES pide que se corrijan las condiciones de acceso a las ayudas directas para que no se queden fuera “la mayor parte de los autónomos” de la provincia
La Federación Empresarial Segoviana (FES) pide que “con carácter de urgencia” se modifiquen las condiciones de acceso a las ayudas directas que el Gobierno central convocó destinadas a autónomos y empresas para paliar las pérdidas provocadas por la pandemia porque si no es así, “la mayor parte de los autónomos de la provincia de Segovia se quedarán al margen”, explica el presidente, Andrés Ortega.
Según la información que FES ha recabado de sus socios, y en coincidencia con los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), integrada en CEOE, las comunidades van a tener que devolver buena parte de lo presupuestado porque las trabas burocráticas son enormes y existen criterios que muchas empresas, a pesar de haber quedado en una situación extremadamente grave, no pueden cumplir, como tener facturas pendientes a 31 de mayo, no tener deudas con la Administración, pertenecer a uno de los CNAEs establecidos por norma o no haber tenido pérdidas en 2019.
A juicio de FES, se penaliza a los empresarios que “han hecho todo lo posible y empleado todo el patrimonio personal y familiar para afrontar sus deudas”, dejándoles fuera del alcance de unas ayudas directas “que necesitan para poder remontar”.
Quedan también fuera, además, empresas que aun teniendo deudas en el año prepandemia son solventes, porque en muchas ocasiones esas deudas responden a un plan de crecimiento, renovación o incremento de líneas de negocio o plantilla.
Sectores como las agencias de viaje, el comercio, la hostelería o los taxistas están sufriendo esas dificultades de acceso a las ayudas, y son algunas de las actividades más seriamente perjudicadas por los cierres, las restricciones y las limitaciones.
“No sería razonable que ni un solo euro de esos 7.000 millones comprometidos se tuviera que devolver habiendo tantos autónomos y empresas que necesitan ese apoyo para seguir adelante. Por tanto, es imprescindible que el Gobierno dé nuevas instrucciones, modifique las condiciones de acceso y elimine trabas”, subraya Ortega.
Según los datos ofrecidos por ATA, 1,5 millones de autónomos han accedido al cese de actividad desde que se puso marcha, es decir, que sufrieron caídas de, como mínimo, un 50% de su facturación o han permanecido cerrados. Sin embargo, se espera que no lleguen ni a 300.000 los que puedan percibir estas ayudas.
