FES alerta sobre las consecuencias negativas para el empleo que tendrá el aumento de las cotizaciones sociales
La Federación Empresarial Segoviana (FES), en la línea de lo expresado por CEOE, cree que es inadmisible que el Gobierno haya decidido, de manera unilateral y a espaldas del Diálogo Social, donde trascurren las negociaciones para nuevas reformas del sistema público de pensiones, subir un 8,6% las bases máximas de cotización en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
A juicio del presidente de FES, Andrés Ortega, “aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo, en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada”.
“Muchas empresas de la provincia están aún afrontando las consecuencias de la pandemia, con evidentes problemas de liquidez, y la subida generalizada de costes a la que están haciendo frente todas las actividades económicas. A pesar de ello, han mantenido su esfuerzo por mantener e incluso generar puestos de trabajo. Ahora, esta subida exagerada y unilateral de los costes laborales puede dar al traste con ese esfuerzo y, por tanto, puede generar una importante destrucción de empleo”, asegura.
El presidente de FES recuerda además que estamos en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, y por tanto es aún más incomprensible esta decisión, que genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico, siendo éstas las palancas que sustentan ese Estado del bienestar que se pretenden sostener con medidas tan exentas de rigor económico.
Las organizaciones empresariales recuerdan que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez la pasada semana sin que se trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social.
En un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial.
